Las fiestas de San Nicasio son un buen motivo para abordar cuestiones que están aún por resolver y a las que parece que el gobierno local del PSOE e IU no quiere dar respuesta.
Piscina Solagua.
Después de la denuncia que efectuamos sobre el interés del gobierno de hacer un campo de golf y al que parece que en un gesto de inteligencia ha renunciado a ello queda por conocer:
1. Si se volverá a abrir la piscina Solagua pública y con gestión municipal.
2. Si las actuaciones que se lleven a cabo serán por realización y gestión municipal o por contrario se entregará la realización y gestión a una empresa privada como ocurre en Móstoles donde gobierna la derecha.
3. Cuales son los plazos para que los ciudadanos vuelvan a disfrutar de estas instalaciones.
Embarcadero de la vía militar.
Nos consta que el anterior gobierno local inició las gestiones para hacerse con los terrenos que hoy ocupa dicho embarcadero, cuando actuó para hacer el Bulevar.
Pero desconocemos que haya habido gestiones por el actual equipo de gobierno y creemos fundamental que este recupere lo más pronto posible dichos terrenos para uso y disfrute del barrio así como mejorar la movilidad y ampliación de esta zona del barrio.
Pistas deportivas del Campo de Tiro.
No compartimos la idea de que se engañe a los ciudadanos cuando se les había ofrecido unas instalaciones deportivas -había proyecto y acuerdos municipales para la realización de estas instalaciones municipales- para entregárselas a otros para sus actividades propias.
Creemos que se debe apostar por el proyecto municipal y que debe ser el ayuntamiento el que construya y gestione las futuras instalaciones deportivas del Campo de Tiro.
Actuar sobre la c/ El Cobre.
Es urgente que se lleva a cabo una actuación sobre esta calle que se ha convertido en una vía de penetración en el barrio y en la ciudad. Entrada que, por cierto, queda estrangulada en el inicio de la c/ Aragón.
Hay que regular el tráfico que soporta y mejorar todo lo relacionado con el tránsito peatonal (aceras estrechas, pasos de peatones, alumbrado público, asfaltado, etc.).
La Junta de Distrito.
Ya hemos tenido ocasión de abordar el papel de la Junta de Distrito de San Nicasio y si practicamos lo que predicamos debemos dar un paso en la participación ciudadana y descentralización administrativa.
La Junta no puede seguir siendo, tan solo, un punto de registro de documentos y con un órgano –Pleno de la Junta de Distrito- al que solo se acude para ser informados. Informados de cuestiones que nos han remitido en otros encuentros o incluso que nos enteramos por los medios de comunicación.
El papel del Pleno de la Junta de Distrito debe ir más allá para informar de quien es el pregonero de las fiestas, además cuando ya lo conocemos por los medios de comunicación (como ejemplo, el último Pleno de la Junta que se convoca para informar sobre el programa de las fiestas, programa que ya conocíamos de antemano).
La Junta de Distrito debe ser el órgano de debate y aprobación de aquellos asuntos que afectan al distrito y de la gestión de sus servicios.
Rehabilitación de las viviendas de zonas concretas del barrio.
Lo primero que debemos definir es si se actúa con participación pública o privada.
La participación privada a la hora de resolver problemas de rehabilitación puede chocar con la Ley del Suelo sobre limitación de alturas. Eso ya se conocía cuando se efectuaba dicha propuesta.
Una actuación con la iniciativa privada debe generar beneficios y por lo tanto supone construir más volumen, más metros cuadrados y, por tanto, muchísimas más alturas, para que la operación obtenga los beneficios esperados por la empresa privada.
Una actuación de las administraciones públicas encabezadas por el propio ayuntamiento y definido en el nuevo Plan General siempre sería respetuosa con la Ley del Suelo, sería igualmente factible y a la vez una garantía de realización.
La vía del ferrocarril.
La gran asignatura pendiente y a la que este gobierno no parece hacer nada para saber si se avanza o sigue encallado el asunto.
Nos parece fundamental que este gobierno debería haber resuelto si el Gobierno de la Nación (Ministerio de Fomento) y la Comunidad de Madrid colaborarían en los gastos del soterramiento y resuelta dicha incógnita presentar una propuesta para llevarlo a cabo.
Señores del equipo de gobierno, si no son capaces de sacar ningún compromiso del Ministerio de Fomento deberían presentar un plan de soterramiento de las vías férreas que incluya:
· Proyecto de soterramiento: tramos, características, etc.
· Coste de dicho Plan.
· Plan de financiación a varios años.
· Proyecto de resuperación de los terrenos que se liberarían como consecuencia del soterramiento.
Vamos, que a lo que les animamos es a que se atrevan y den respuesta a este viejo proyecto, que se explique cuanto supone y cómo lo haríamos; no pasa nada por endeudarnos un poco a muy largo plazo para realizar esa gran operación para la ciudad.
Estas son algunas de las cuestiones a las que el gobierno local debería dar respuesta y sobre las que parece “esconder el ala”.

Los vecinos y vecinas de Leganés aficionados al atletismo cuentan con unas instalaciones específicas anexas al Pabellón Europa, en las pistas de El Carrascal, para practicar su deporte. Allí, además de las pistas para ejercitar la carrera existen otras zonas para el desarrollo de otras especialidades del atletismo: salto de altura, de longitud, lanzamiento….
Y para completar el mapa, cuenta con un graderío que sirve tanto para que los espectadores puedan seguir el desarrollo de la actividad como para ejecutar ciertos entrenamientos (por ejemplo: subir y bajar escaleras).
Pues bien, ese graderío cuenta con importantes deficiencias, de forma que vibra cuando hay cualquier actividad en su superficie y, con el tiempo, supone movimiento de ciertas piezas de la estructura. Los aficionados que practican allí deporte lo realizan con intranquilidad, como nos han manifestado varios padres de atletas que utilizan este graderío. Esperemos que esta denuncia sirva para que los responsables del deporte en la ciudad tomen nota y solucionen cuanto antes esta deficiencia deportiva para que no tengamos que lamentar males mayores.
Con esas deficiencias, bien conocidas por el ayuntamiento desde hace tiempo, se encargó hace algo más de 4 años un estudio para valorar riesgos de derrumbamiento y, aunque el estudio no reconocía un riesgo inmediato, sí detectó problemas en el asentamiento de los pilares, que era irregular y producía movimientos sobre la estructura.
Desde entonces se encargó un pre-proyecto para actuar sobre dicho graderío y rehacer uno nuevo con aprovechamiento de los bajos para pista de entrenamiento en invierno y aseos y vestuarios para todas las actividades deportivas de pistas: atletismo, fútbol, fútbol sala y ahora padel. Dicho preproyecto llevaba su correspondiente presupuesto, que el anterior equipo de gobierno ya incorporó en los Presupuestos Municipales del año 2.007. Cuando se incorporó el nuevo equipo de gobierno, hace más de 2 años, este graderío era una de las instalaciones que el alcalde nombró como prioridad de actuación.
Sin embargo han pasado más de 2 años, se está desarrollando el Plan Estrena –con dinero municipal-, ha llegado el Plan E –con nuevos fondos del Estado- y sin embargo este proyecto está en el olvido de la lista de actuaciones en la ciudad.
Cuando el gobierno municipal habla de nuevas instalaciones deportivas siempre lo hace partiendo de acuerdos con empresas que serían las “propietarias” de la actividad deportiva. Nos sorprende que mientras sí avanzan los proyectos de gestión privada para la piscina Solagua y las pistas de padel en Arroyo Culebro, pistas deportivas en Campo de Tiro… otros proyectos de gestión exclusivamente municipal, proyectos todos ellos reclamados desde hace tiempo y con claridad por los vecinos y deportistas, duermen en los cajones de nuestros gobernantes municipales: Graderío de las pistas de Atletismo, Centro de Recursos de Deportes, zonas deportivas en el Campo de Tiro, pabellón y zona deportiva en Arroyo Culebro, Pabellón Deportivo en Valdepelayos…
¿Dónde están los criterios de actuación política en materia de instalaciones deportivas? ¿Cuál es el interés de los responsables políticos: que las empresas amigas hagan negocio o que los aficionados al deporte puedan desarrollarlo cerca de su vivienda habitual y sin peligro en la ciudad? ¿Se han abordado ya los Planes de Seguridad y Evacuación de las instalaciones deportivas que acogen a numerosos deportistas y aficionados? ¿Para cuándo está previsto?
Como podemos ver en esta materia quedan aún muchas cuestiones por resolver.
Ante la información aparecida en un periódico local de la ciudad en la que se manifiesta por la concejalía de Urbanismo e Industrias que la valoración de las parcelas del Centro Comercial Plaza Nueva fue realizada el 8 de abril de 2003 por uno de nuestros asociados, caben dos posibilidades. Una que la denuncia municipal sea real o que sea falsa.
La primera hipótesis: denuncia real
Suponiendo que fuera real –que no lo es- nos tendríamos que preguntar que hace el gerente de Urbanismo que después de seis años no ha actualizado la valoración catastral de esas parcelas para ponerlas a la venta en función de las oscilaciones del mercado inmobiliario.
Es de Perogrullo que esos terrenos tienen un valor superior, aunque sólo sea por el aumento del valor de los terrenos. Es la más elemental regla del mercado, los precios suben y los valores se deterioran en su precio como consecuencia del aumento del IPC. Teniendo en cuenta que según los datos del Ministerio de Vivienda el suelo urbano en la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 41,8% desde el primer trimestre de 2004 al primer trimestre de 2009, tenemos los suficientes argumentos para descalificar la actuación que se lleva a cabo en la concejalía de Urbanismo que se encuentra inoperante y hace perder al Ayuntamiento varios millones de euros. Ese porcentaje coincide con la subvaloración de las parcelas municipales tomando como referencia los precios de venta de la parcela de ADIF. En definitiva, otra vez se pone en marcha el ventilador para esquivar el golpe y esconder la inoperancia administrativa de los responsables de Urbanismo, toda vez que una Asociación Ciudadana (CXC) les ha puesto los colores.
La segunda hipótesis: denuncia falsa
Hemos tomado en serio lo que dicen en la concejalía de Urbanismo e Industrias y nos hemos ido a las fuentes para buscar una valoración de los terrenos que era competencia del Pleno Municipal. Y estas fuentes nos dicen que el 8 de abril de 2003 en el Pleno Municipal se aprobó el convenio entre el ayuntamiento de Leganés y Festival PARKS Leganés S.A pero no se acordó precio alguno sobre venta futura de parcelas. Por ello hemos rastreado los 21 Plenos Municipales de todo el año 2003 y en ninguno de ellos existe constancia de que se aprobaran los precios aludidos. Por si acaso en Urbanismo se hubieran equivocado y en lugar del Pleno hubiera sido la Junta de Gobierno, también hemos visto las 49 Juntas que hubo en 2003 y en ninguna de ellas se aprobaron los precios de venta de las parcelas de la Puerta de Carabanchel. Lo que si tenemos es el proyecto de reparcelación del PP3, aprobado en Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre 2007, donde el Ayuntamiento monetariza el aprovechamiento de las parcelas con un valor de 478,95 euros/m2.
Para el cálculo del importe de monetarización de las cesiones se toma la valoración que consta en el informe elaborado por el Ayuntamiento, relativo al valor medio unitario de repercusión de los usos comercial turístico y que han servido de base para todos los cálculos de valoración del proyecto de reparcelación.
Por tanto el Equipo de Gobierno Local no puede eludir sus responsabilidades adjudicándoselas a otros como lo viene haciendo habitualmente. Ellos son los que gestionan mal y no es un buen referente para un cargo público mentir. Ninguno de nuestros asociados ni tiene, ni ha tenido nada que ver en la valoración de las parcelas realizada el 8 de abril de 2003. Al asociado que pretenden echar las culpas desde Urbanismo de su mala gestión, dejó de ser cargo público en el ayuntamiento de Leganés en mayo de 2003.
Todas las respuestas a estos interrogantes las queremos situar en el campo del desconocimiento y de la mala gestión de quienes nos gobiernan, porque pensar en otras respuestas nos llevaría a que políticamente debieran ser reprobados. Como ya hemos dicho el acuerdo de venta que se lleva en julio de este año a la Junta de Gobierno Local es un expediente propuesto por Urbanismo con el visto bueno del concejal.
Además es un acuerdo contrario a fomentar la política de vivienda protegida y no entendemos que se pierda patrimonio vendiendo las parcelas por debajo del referente del mercado o comparándolo con los precios de otras administraciones como el Ministerio de Fomento.
El acuerdo tiene visos de tener déficits de legalidad (informe de intervención y valoración de las parcelas por lo que supone de perdida de patrimonio municipal) y es por ello que lo hemos puesto en manos de nuestros asesores jurídicos para analizar si cabe acción alguna contra este acuerdo.
VER ALGUNOS DATOS CRONOLOGICOS

Pero todo no queda ahí.
El Ayuntamiento vende el suelo de las seis parcelas, situadas en la Puerta de Carabanchel “Centro comercial Plaza Nueva”, un 40,5% más barata que otra administración: idéntico suelo, en la misma operación y con un intervalo de 6 meses.
Esta administración no es otra que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) –organismo dependiente del Ministerio de Fomento- que pone a la venta una parcela en el PP-3 “Puerta de Carabanchel”.
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/concursos_
publicos/doc/Madrid_leganes_pliegof.pdf
Es una parcela es de 3.608,36 m2 y con una edificabilidad de 5.232,26 m2 por un precio mínimo de 3.762.000 euros; con lo que se obtiene una repercusión de 719 euros por m2/edificable. La operación que pone en venta el Ayuntamiento es con una repercusión de 428 euros por m2/edificable. Por ello los ciudadanos de Leganés perderemos de nuestro patrimonio municipal 6,4 millones de euros (1.070 millones de pesetas)
¿Por qué un 40,5% más barato que ADIF?. Lo que parece claro es que ADIF seguramente querrá sacar la mayor rentabilidad a esta operación.
Lo que no entendemos es porque el Ayuntamiento no quiere obtener la misma rentabilidad que ADIF y por lo tanto no ingresar en la hacienda municipal los máximos recursos económicos para el Ayuntamiento destinados a una política de vivienda protegida.
Alguien puede pensar que con la crisis los precios bajan. ¿Tanto? ¿Tanto en tan solo en 6 meses?
Téngase en cuenta que cuando se pone a la venta la parcela por ADIF no está inaugurada la actividad comercial que sí que lo está cuando el Ayuntamiento saca a concurso la venta las parcelas. Es decir, cuando el ayuntamiento oferta estas parcelas las “locomotoras” comerciales está instaladas y funcionando, lo que hace más atractiva la venta de suelo en la zona comercial “Plaza Nueva”.
Para conocimiento del lector cabe decir que aún queda bastante por construir en dicha zona y, consiguientemente, la apertura de más superficie comercial. Por lo tanto no tienen nada que ver las parcelas que oferta el Ayuntamiento, en cuanto a interés comercial, con la que saca ADIF.
Lo que está claro es que las parcelas municipales actualmente tendrían mayor interés que hace 6 meses, una mayor proyección para lo que se quiera instalar en ellas (superficies, localización, etc.) y por lo tanto todo ello no justificaría la rebaja de un 40,5% de su valor respecto a hace 6 meses y a la oferta de venta de otros.
Con todo esto nos preguntamos:
¿Por qué el mismo suelo el Consistorio lo vende más barato que otros?
¿A quien pretenden beneficiar?
¿Por qué además no tiene ninguna cláusula de interés para beneficiar al pequeño comercio local?

Así, con la nueva normativa, la venta de entradas anticipadas –que en principio es una buena opción para el usuario, ya que asegura una localidad para la representación que se desea disfrutar- sólo es viable mediante agentes terceros (es decir, se externaliza o privatiza según los criterios): por internet o por teléfono 902.
Además y, para colmo, el Ayuntamiento ha previsto que el coste de esta gestión privada corra a cargo del usuario, por lo que el precio de acceso a una localidad va a estar por encima de los precios aprobados en las ordenanzas municipales.
Esta nueva medida es excluyente, ya que no contempla ninguna otra opción, porque se ha eliminado el acceso a entradas anticipadas en el propio teatro, como ocurre en cualquier teatro público o privado. De esta manera obliga al usuario que quiere asegurarse una entrada a pagar ese “nuevo impuesto” o recargo. La única alternativa que se ofrece fuera de las entradas anticipadas es una hora antes del inicio de la obra.
Hasta ahora, en todos los teatros, además de las nuevas tecnologías que permiten la adquisición de entradas sin moverte de casa, se podían adquirir las entradas en máquinas expendedoras en los teatros municipales sin recargo alguno. Ahora, la población que no tiene acceso a internet o simplemente no quiere pagar un 902 lo tendrá más difícil para ver una obra de teatro en Leganés.
Es decir, si no quieres pagar ese “impuesto”, no puedes programar una actividad cultural de fin de semana en esta ciudad que es, dicen, “Leganés, una ciudad cultural”. ¿Por qué no asume este coste de gestión el Ayuntamiento en lugar del usuario? ¿Dónde están los servicios de calidad para los vecinos cuándo además de pagar recargo ni siquiera va a tener una butaca numerada?
Y todo ello cuando este sistema no se aplica a otras actividades municipales, por ejemplo las deportivas, talleres, etc., en el pago de impuestos o de cualquier precio público.
Esta medida se aplica en contraste con la decisión del gobierno municipal del PSOE e IU en estas pasadas fiestas en las que han gastado 140.000 euros sin ningún pudor para asegurar el acceso libre a una plaza de toros donde nuestros vecinos se jugaban la vida, entre ellos algún menor de edad; o con el populismo del “gratis total” para ciertas actividades musicales y recreativas. Estamos ante un gobierno que está primando la “cultura de los Toros” frente a LA CULTURA con mayúsculas.
Si desde hace tiempo venimos detectando una menor programación cultural en la ciudad, fundamentalmente debido a los recortes presupuestarios, a ello hay que sumar ahora estas trabas -con recargo incluido- que en lugar de favorecer, dificultan el acceso a la CULTURA.