Por su mala gestión nos vemos en estas

La crisis económica municipal la pagarán los ciudadanos con una subida de impuestos o con importantes recortes que afectarán a los servicios públicos y a las inversiones en la ciudad durante los próximos años.

El Ayuntamiento esta en crisis. Una crisis que se veía venir con una cadencia anual cada vez que se presentaban los presupuestos municipales en los que se incluían unas partidas de ingresos que nada tenían que ver con la realidad presupuestaria municipal. Unas virtuales partidas de ingresos que un año después la realidad demostraba nuestras denuncias. Ingresos y gastos para nada se parecían a las cifras presentadas año tras año en el mes de septiembre.

El Ayuntamiento está en crisis porque sus cuentas estaban sustentadas en el “boom” del ladrillo y cuando este ha caído ha arrastrado la economía municipal. Este crash ya fue denunciado por CXC en octubre y noviembre de 2008 en sendos informes en los que se ponía de manifiesto la alta dependencia de los ingresos del municipio de las licencias urbanísticas y del Impuesto de Construcciones y Obras.

Los años de bonanza económica –que debiera haber servido para regularizar los ingresos y los gastos- no se han utilizado para regularizar y racionalizar la estructura de los ingresos y los gastos municipales y con ello evitar la actual situación. Tal vez un poco de humildad en la elaboración de los presupuestos municipales hubiera sido necesaria para no encontrarnos en la actual situación.

La última crisis económica de las cuentas municipales se dio a mediados de los años noventa y las recetas serán las mismas:
• Subida de los impuestos municipales.
• Venta de patrimonio municipal.
• Recorte en los gastos del capítulo de personal, no en el de cargos de confianza, y como consecuencia externalizar (privatizar) más servicios municipales.
• Recortes en el capítulo de gasto corriente (partidas necesarias para que la ciudad funcione), con lo que se verán afectadas las prestaciones a la ciudadanía; a corto plazo el empeoramiento de los servicios públicos y un mayor deterioro de todos los edificios municipales.
• Revisión de los servicios que no debería prestar el ayuntamiento para que los preste la iniciativa privada.
• Reducción del capítulo destinado a las inversiones.