El fenómeno del transfuguismo choca, porque señala una paradoja del sistema electoral creada por una controvertida interpretación de la ley electoral hecha por el Tribunal Constitucional.
Este alto organismo del Estado sancionó, en su día, la figura del tránsfuga, que es contraria al espíritu de la ley, que dicho sea de paso es poco democrática.
NUEVATRIBUNA.ES - 23.9.2009
Por fin ha tenido lugar el anunciado cambio de gobierno en el ayuntamiento de Benidorm. Dieciocho años después de que un tránsfuga entregara la alcaldía a Zaplana, un tránsfuga de su partido ha hecho posible el triunfo de la moción de censura contra el alcalde y su reemplazo por un concejal del PSOE, que con otros compañeros ha abandonado el partido antes de ser expulsado.
Desde que la operación se perfiló como posible han arreciado las críticas por parte de los “populares”, que han acusado a los socialistas de no respetar el pacto contra los tránsfugas, pero eso no es más que retórica, porque han sido ellos los primeros en incumplirlo en otros lugares, sin sancionar, además, a sus militantes, lo que no ha ocurrido en este y otros casos donde el transfuguismo ha favorecido al PSOE.
Lo que les duele es haber perdido uno de los buques insignia de la “gestión popular”, en su doble función de mostrar que es posible empezar en un pueblo una meteórica carrera hacia el estrellato de la política nacional y que es posible hacer míticos negocios emulando a los constructores de Manhattan. Es sólo cuestión de altura, de ambición y de recalificar metros cuadrados, aplicando la noción de servir al bien público que latía en aquella conversación telefónica entre Zaplana y Vicente Sanz -yo estoy en política para forrarme-, que parece escrita con letras de oro en el libro de estilo del PP valenciano.
Pero aparte de estos u otros casos, el fenómeno del transfuguismo choca, porque señala una paradoja del sistema electoral creada por una controvertida interpretación de la ley electoral hecha por el Tribunal Constitucional, que, en su día, sancionó la figura del tránsfuga, que es contraria al espíritu de la ley, que dicho sea de paso es poco democrática.
Según la Ley Electoral de 1977, mantenida en la reforma de 1985, los cargos públicos electos -nacionales, autonómicos y locales- no deben su elección a la voluntad de los votantes, sino a su fidelidad a los altos cargos del partido que confeccionan las listas cerradas y bloqueadas. El que se mueve no sale en la foto, advertía Alfonso Guerra, señalando la conveniencia de estarse quietos y dar poca guerra, so pena de “caerse de la lista”.
Es el partido el que elige a los candidatos y los coloca en el orden que desea en una lista con la que marca sus prioridades, y cada candidato es una pieza pasiva en la “cocina” electoral, de la cual sale un menú precocinado, que los electores deben aceptar o rechazar en bloque, pero sin alterar el orden de los platos ni rechazar alguno de ellos por indigesto (hay que comérselo todo). La libertad del elector reside en elegir entre menús (votar las listas de otros partidos), pero, dada la situación actual, con dos grandes cocinas nacionales y dos equipos de cocineros, debe optar entre dos menús.
La ley electoral afirma tanto los intereses de los partidos sobre la voluntad de los ciudadanos, que permite incluir en las listas a sujetos de reconocida incompetencia o a acrisolados corruptos, que pueden obtener un cargo público con la apariencia de haber recibido la confianza de los electores.
Estos son los aspectos preocupantes del sistema electoral, y no tanto la figura chocante de los tránsfugas, rebeldes al fin y al cabo a las directrices de sus partidos, aunque tal rebeldía no siempre tenga un fin confesable.
Francisco Javier Vivas - Escritor
