El Pleno del Senado aprobó, con el apoyo de todos los partidos de la Cámara salvo ERC y PP, la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. En el turno de intervenciones el senador Miquel Bofill resumió uno los motivos de ERC en contra del proyecto: "la ley se queda muy corta".

El portavoz del PP Alejandro Muñoz-Alonso justificó el veto del PP porque la Ley “es "innecesaria, irrelevante y engañosa", que guarda "un descerebrado intento de distinguir entre españoles buenos y malos" y que ha reabierto heridas y enfrentamientos a los que la Transición "puso fin".

Por el PSOE, Lentxu Rubial, aseguró que con la ley se da "un definitivo paso" para la "reconciliación definitiva que se inició con la democracia".

Por su parte el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que su grupo parlamentario “vigilará y exigirá la aplicación y el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica” y mostró su satisfacción por el visto bueno de las Cortes Generales a la norma, que no tiene "precedentes en la Democracia española". En su opinión, esta nueva ley es un "punto y seguido" que requiere iniciativas posteriores que serán planteadas y exigidas por IU-ICV. Además, recordó que su grupo parlamentario ha sido el que más ha empujado este proyecto, frente a las "tibiezas y dudas" mostradas por el PSOE, además de haber sido el que ha introducido los "apartados fundamentales".

Uno de los artículos fundamentales de esta Ley es el 15, que extiende a todas las entidades públicas y privadas, así como a los particulares, la obligación de retirar los símbolos franquistas e impone a "las Administraciones Públicas", esto es a todos los alcaldes, la "retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones de conmemoración". Por tanto, tendrán que quitar todos los nombres de calles y monumentos franquistas. Este punto podría incluir a la Iglesia, que mantiene en decenas de edificios la placa con la expresión "caídos por Dios y por España" y la lista de los falangistas locales muertos en la guerra.

Las administraciones públicas (entre ellas los Ayuntamientos) podrán retirar subvenciones y ayudas a aquellas instituciones o particulares que conserven los símbolos franquistas, que estarán obligados a retirar en virtud de la nueva redacción de la ley de Memoria Histórica.

Por otra parte, la ilegitimidad es el eje principal de la Ley, junto a la condena del franquismo y el reconocimiento a los antifranquistas, incluidos los maquis, la Unión Militar Democrática, los integrantes del Cuerpo de Carabineros o los brigadistas internacionales.

- Claves para entender una Ley Histórica (Descargar PDF)