La Fundación 1 de Mayo ha editado el estudio "Crisis y cambio de modelo productivo en España", elaborado por Fernando Rocha, director del Área de Empleo y Relaciones Laborales.
La expansión de la actividad económica registrada en España en la última década se ha apoyado en una profunda segmentación de los mercados de trabajo. La razón de ello es que, como ya se ha apuntado, algunas de las actividades más dinámicas en este período han basado su crecimiento en la utilización intensiva de puestos de trabajo pocos cualificados, que llevan asociados peores condiciones de trabajo y un importante componente de precariedad.
Esta situación ha afectado especialmente a las mujeres y a otros colectivos como las personas inmigrantes y los jóvenes en situación de abandono escolar prematuro, cuyos empleos –que han aumentado notablemente en esta etapa– presentan una concentración mucho mayor en las ocupaciones de más baja cualificación. A ello se suma además que tienen una elevada presencia en determinadas actividades –como la construcción, hostelería, comercio al por menor y algunos servicios a empresas de bajo valor añadido– muy sensibles al cambio de ciclo económico, y que por tanto están siendo especialmente golpeados por la crisis. Finalmente, el empleo de estos grupos presenta en general una elevada tasa de temporalidad, un hecho que motiva que la cobertura por desempleo sea menor.
Todo ello plantea abordar medidas orientadas a potenciar la red de protección social de los grupos más vulnerables; unas medidas que deben articularse y adaptarse desde los marcos territoriales de concertación social, planteándose dos ejes básicos de actuación:
Por un lado se plantea fomentar la prevención frente al paro y el acompañamiento en la reinserción laboral, a partir de criterios como: (a) el reforzamiento de los Servicios Públicos de Empleo, en términos tanto de dotación de recursos como de mejora de su funcionamiento; (b) la revisión del conjunto de programas y políticas activas de empleo actualmente existentes, para actualizarlos, especializarlos y dotarles de mayor integración y coherencia; (c) el fomento de la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones responsables de la gestión de las políticas de empleo –Servicio Público de Empleo estatal y Servicios Autonómicos -así como entre los diferentes agentes privados que intervienen; y (d) el reforzamiento de la Inspección de Trabajo y del control de las normas laborales y del empleo irregular.
Por otro, es necesario promover el impulso de acciones de protección social en un sentido amplio a través de actuaciones tales como: el incremento de los gastos sociales destinados a cubrir la previsible continuidad en el incremento de demanda de las prestaciones; el despliegue del sistema de atención a las personas en situación de dependencia; el incremento de las plazas de educación infantil para menores de 3 años; la extensión y mejora de las rentas mínimas de inserción; el reforzamiento de los servicios sociales; el establecimiento de planes de atención a las familias en situación o riesgo de exclusión social; la promoción de la vivienda como bien social, no especulativo; y el desarrollo de las medidas de integración sociolaboral de la población inmigrante.
En suma, el escenario actual de crisis ha contribuido a agudizar los principales desequilibrios del patrón de crecimiento en el que se ha basado el conocido como “milagro económico español” en la última década. Ello ha generado un intenso debate sobre la necesidad de acelerar la puesta en marcha de diversas medidas en diferentes áreas de actuación, orientadas tanto a abordar las consecuencias inmediatas de la crisis como a impulsar una reorientación a medio plazo del modelo productivo.
En el presente documento se han planteado diversas propuestas a partir del diagnóstico realizado sobre los rasgos principales de dicho modelo. A modo de conclusión, cabe reiterar nuevamente la idea que el cambio del patrón de crecimiento es un proceso complejo, que no puede realizarse a golpe de reformas legales unilaterales ni con la acumulación de medidas inconexas y coyunturales, sino que requiere de una estrategia a largo plazo basada en la colaboración de los múltiples agentes implicados en el diseño y desarrollo de las políticas.