El trabajo ha sido realizado por Elvira S. Llopis, vicepresidenta de la Fundación 1º de Mayo, y por Alicia Martínez, Jesús Cruces y Luis de la Fuente, del Servicio de Estudios de la Fundación. El objetivo del estudio es disponer de un primer diagnóstico de la situación social en España a partir de unos indicadores básicos que permitan detectar la situación de la protección social de nuestro país, y desde el que poder elaborar alternativas y propuestas.

Estamos asistiendo a escala mundial a una grave y profunda crisis financiera que, fruto del creciente dominio de la actividad financiera sobre el total de la economía, del predominio y disociación de las actividades financieras por encima de la producción de bienes y servicios, ha determinado el arrastre hacia la situación de crisis de la economía real, con gravísimos impactos sobre el empleo.

En el caso de nuestro país, los impactos negativos de la crisis se dejan sentir con mayor crudeza debido a las peculiaridades de nuestro modelo de crecimiento económico y al modelo de mercado de trabajo que éste ha determinado: un modelo que sí bien es capaz de una alta generación de empleo en momentos de bonanza, lo hace sobre parámetros que determinan su alta vulnerabilidad en épocas recesivas.

Un mercado de trabajo con un nivel muy alto de temporalidad y precariedad, lo que tiene como consecuencia que la protección o cobertura por desempleo sea escasa, por lo que la existencia y adopción de políticas y medidas de carácter social tanto estructurales, orientadas a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, como complementarias para situaciones singulares, sea imprescindible.

Nos hallamos, en definitiva, en una crisis provocada por la hegemonía de las tesis neoliberales que, en nombre del libre mercado, han venido socavando sistemáticamente los espacios de regulación y actuación políticos, tanto en lo estrictamente económico como en lo social, en donde, bajo el argumento de la mayor eficacia y eficiencia de la gestión privada frente a la pública, se ha ido abriendo camino un auténtico mercado de lo social que amenaza por sustituir, también en este ámbito, las decisiones políticas por las decisiones de mercado. O, dicho de otra manera, el avance neoliberal ha redefinido no sólo las estructuras económicas sino también, y para ello, el papel del Estado.

Una dinámica que confronta, de manera inequívoca, con lo que conocemos como “modelo social europeo”, que si por algo se define es por garantizar de manera generalizada la igualdad de oportunidades para todas las personas, y con ella, la cohesión social, a través de un sistema, también regulado, de redistribución de la riqueza, lo que implica, precisamente, regular y limitar la injerencia del mercado en la prestación de servicios y la provisión de bienes que se consideran básicos para la supervivencia y el de­sarrollo de las personas. En esta misma línea, forma parte del modelo social europeo el preservar el papel del gasto social en el gasto público, en definitiva, en la política económica.

Sin embargo, tal y como viene indicando Vicenç Navarro en numerosos artículos, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España están proponiendo medidas para resolver la crisis financiera y económica que incluyen la reducción del gasto público, la disminución de los salarios, una mayor desregulación de los mercados de trabajo, la privatización de los servicios públicos (como la sanidad) y de las transferencias públicas (como las pensiones), el encarecimiento del coste del dinero, y la desregulación de los mercados financieros, con el argumento de que tales medidas estimularán la actividad económica y reducirán el desempleo.

Si se prefiere, este recetario no hace sino subvertir la explicación de la crisis, achacándola a un exceso del gasto público y a una falta de modernización y flexibilidad tanto del mercado de trabajo como salarial para, merced a esta subversión, no cuestionar el modelo que realmente la ha generado.

Pero además se obvia el hecho de que durante el periodo 1950-1980, en que se impulsó el estado del bienestar en la mayoría de los países desarrollados, la calidad de vida de las poblaciones de tales países mejoró sustancialmente, basándose este mejoramiento social y económico en un pacto entre el mundo empresarial y los sindicatos que fue roto más tarde, en los años ochenta, bajo la dirección política del Presidente Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

A partir de entonces se introdujeron políticas públicas encaminadas a debilitar la intervención del estado, desregulando los mercados financieros y desarrollando políticas altamente regresivas que incrementaron enormemente las rentas más altas a costa de la renta de la clase trabajadora. También se hicieron reformas fiscales que beneficiaron enormemente a las rentas superiores.

Resultado de esta situación es una enorme polarización de las rentas y la consecuente dualización social.

Ciertamente, cualquiera de las manifestaciones de las Políticas Sociales conlleva una acción redistributiva, y que desde la lógica liberal, no hay razón objetiva alguna para preferir que quienes no disponen de ingreso alguno sean atendidos, por ejemplo, por los presupuestos públicos; como tampoco la hay para afirmar que es mejor una política económica que evite el desempleo, que es la principal causa de marginación y pobreza y riesgo de exclusión social.

Pero no es menos cierto que las políticas de Bienestar Social han sido en su origen, impulso y desarrollo una seña de identidad de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda.

Como ha señalado en numerosas ocasiones Hector Maravall, a lo largo del siglo XX, gran parte de las movilizaciones sociales que han protagonizado la izquierda política y la izquierda social, dentro de la que se inscribe el movimiento sindical, han tenido como objetivo el derecho a la salud, las pensiones, la educación, la protección frente al desempleo, los servicios sociales, la lucha contra la pobreza y la exclusión social… Las luchas obreras en Europa consiguieron, junto a gobiernos de izquierda, que lo público adquiriera carta de naturaleza constitucional frente a las veleidades del libre mercado sin mecanismos de control políticos y sociales.

De este modo, aunque fuera cierto que las recetas neoliberales sirvieran para estimular la economía (lo que, insistimos, es cuanto menos dudoso puesto que son precisamente las que la han generado), se debería perfilar con claridad cual es el objetivo de tal estimulo económico y los mecanismos (es decir las políticas públicas) a través de los cuales se desea alcanzar tal objetivo.

Sin duda, para la izquierda política y social, el objetivo debe ser crear empleo y que este sea un empleo sostenible, estable, con derechos, de calidad y que no pueda servir para establecer o consolidar fracturas ya existentes en la clase trabajadora; por tanto, objetivo de las políticas públicas de estímulo de la economía debiera ser no solo crear empleo sino buen empleo.

Este objetivo debe complementarse con el mantenimiento, incluso el incremento, del gasto público de carácter social, y ello por dos motivos: en primer lugar, porque el incremento de los servicios públicos de carácter social, que en nuestro país continúan siendo insuficientes, y que son, por definición, muy intensivos en mano de obra, son una cantera de empleo de calidad; en segundo lugar, porque las políticas públicas de carácter social en forma de prestación de servicios, contribuyen a aumentar el nivel de vida de la población y por lo tanto, contribuyen también a incrementar el consumo.

Es desde estas premisas que habrá que entender que las medidas fiscales para afrontar la crisis no pueden provenir de la vía de las desgravaciones fiscales. Medidas tomadas recientemente en materia de reducción de los ingresos fiscales, como la desgravación de 400 euros, la supresión del Impuesto del Patrimonio, y la reducción del impuesto de sociedades, han supuesto unos 14.500 millones euros menos de ingresos del presupuesto público, lo que no puede ser interpretado sino como un error económico desde nuestro punto de vista.

Es también desde estas premisas desde las que abordamos este informe, con el objetivo de disponer de un primer diagnóstico de la situación social en España a partir de unos indicadores básicos que permitan detectar la situación de la protección social de nuestro país, y desde el que poder elaborar alternativas y propuestas.

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