ANTONIO ANTÓN
Pero esa nueva expectativa corre el riesgo de verse defraudada, lo que conllevaría un deterioro grave de la credibilidad socialista. El peligro aparece en los dos frentes: una desafección popular, y un refuerzo del bloque de apoyo a la derecha.

La estrategia gubernamental ha estado condicionada por su diagnóstico inicial de la crisis -leve y corta, con causas externas y reactivación de fuera-. Intenta capear el temporal confiando en que escampe pronto. Su posición ha consistido, en primer lugar, intentar estabilizar el sistema financiero, con el tipo de planes de rescate adoptados en la Unión Europea y, en segundo lugar, frenar la recesión y el desempleo con medidas paliativas, entre ellas el plan de inversión municipal con el objetivo de crear hasta 300.000 empleos de personas provenientes del paro. Al mismo tiempo, ha declarado el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos y el diálogo social con los sindicatos, lo que supone no aprobar reformas laborales unilaterales y restrictivas o recortes sustantivos del gasto social y garantizar la paz social.

El cambio de contexto económico y del empleo supone un reto para ese modelo de concertación social. El equilibrio se rompe, inicialmente, porque las exigencias empresariales, de sectores económicos y la derecha política son más duras y agresivas, y tienden a achicar el espacio electoral de centro, esperando recuperar el electorado de clase media y alta, preocupado porque no le lleguen los efectos de la crisis y que éstos se queden en las clases populares. Por tanto, el Gobierno está condicionado, por un lado, por la presión de esos sectores económicos y políticos y los posibles efectos electorales y, por otro lado, por sus compromisos ‘sociales’, por su vinculación a un campo amplio de izquierda social y los sindicatos, que han constituido gran parte de su base social y facilitaron su victoria electoral. Su retraso en reconocer la profundidad de la crisis ha sido un síntoma de no poder, con los instrumentos utilizados hasta ahora, encarar lo que se viene encima, y no disponer de una orientación definida y una teoría alternativa al liberalismo, aunque sólo sea socialdemócrata o neokeynesiana. Su bagaje programático, como nueva tercera vía, podía ser suficiente para representar una amplia base electoral en época de bonanza económica.

En este nuevo ciclo existe una dificultad añadida para elaborar una nueva estrategia intermedia entre esos dos polos y caminos. Los diagnósticos superficiales y optimistas eran funcionales con una crisis leve y corta, que no necesitase cambiar las políticas, mediaciones y equilibrios con los poderes económicos y sociales. Por tanto, frente a la nueva situación se ha manifestado perplejidad e indecisión para abordarla, se intenta capear el temporal con medidas de corto alcance, todavía esperando a que escampe pronto. Esa posición inmediatista también es defensiva ante las presiones y estrategias que van apareciendo desde los grupos de presión económica y de la derecha, reclamando una estrategia ‘clara’, pero poniendo el acento en una reforma laboral con ataque a las condiciones laborales y los derechos sociales de las capas trabajadoras.

En ese sentido, existe cierto activismo gubernamental con muchas pequeñas medidas, aunque suelen ser ambivalentes. Pretenden el apoyo en el diálogo social, pero empiezan a ser rechazadas bien por los sindicatos bien por las organizaciones empresariales. En todo caso, ese plano parcial y limitado todavía es expresión de la disconformidad con una estrategia agresiva, que le reclaman desde la derecha y la CEOE, aunque ese ‘parálisis’ también refleja una actitud prudente ante sus posibles costes sociales. Pero nuevas dinámicas y polarizaciones van cristalizando y están forzando al Gobierno a una delimitación de una estrategia que, evidentemente, supone una discontinuidad y riesgos de ruptura de parte de sus apoyos. Seguir con esta dinámica o acentuar los rasgos protectores le genera conflictos con el mundo empresarial y la derecha política, y una política más dura o la inacción ante los efectos sociales de la crisis le crea distancias por la izquierda, con los sindicatos o, simplemente, desafección popular por falta de credibilidad.

Lo que parece primar es el cálculo electoral a corto plazo, tras la preocupación por el batacazo en Galicia, el riesgo de perder las europeas, y entrar en el ciclo de las municipales y autonómicas de 2010 con mal pie. Se trataría de evitar pérdidas electorales por el centro, que pudiese recuperar el PP y, al mismo tiempo, neutralizar el desplazamiento hacia opciones de izquierda –I.U.- o la abstención. Se reconoce la pérdida de impulso reformador –una vez agotado el de la legislatura anterior- y un menor entusiasmo popular en la gestión gubernamental de la crisis. Pero la situación exige una estrategia explícita, a medio y largo plazo, y reforzar su campo social, pero la actividad cortoplacista e instrumental según encuestas de opinión no lo resuelve.

El Gobierno socialista está constreñido entre esas dos tendencias y su política es de contención de las dos presiones. Todos los indicios señalan un agravamiento de la realidad de recesión, al menos hasta finales de 2010, y con un proceso ‘doloroso’ entre cinco y siete años, hasta que sea consistente una nueva fase expansiva que no se vislumbra. Por tanto, en lo que queda de legislatura la cuestión decisiva –junto a otras como la normalización en el País Vasco- es la respuesta convincente a los problemas socioeconómicos y, particularmente, a la protección social al desempleo, la seguridad laboral y del empleo y la integración social.

No es indiferente la pugna política entre la izquierda y la derecha. En el horizonte electoral aparece la inquietud por alcanzar una suficiente mayoría social para una opción de izquierdas. Una posible victoria del PP, en las próximas elecciones generales –y su ampliación en las autonómicas y municipales previas- supondría el reforzamiento de una salida especialmente dura a esta crisis. Pero, el desplazamiento de la política económica del gobierno socialista –con el mismo u otro equipo económico- hacia la derecha podría generar la consolidación de un mercado de trabajo precario, indefensión de segmentos vulnerables de la sociedad, falta de cohesión social, y conflicto laboral y sindical, en un marco que no frenaría a la derecha. Ése es un temor a la hora de elegir camino desde la encrucijada. Pero es pertinente resolver la legitimidad social sobre unos cimientos sólidos que consoliden una base de izquierda social amplia.

El mercado ha demostrado su incapacidad e ineptitud para garantizar la estabilidad económica, financiera y del empleo. El discurso neoliberal sobre la autorregulación del mercado está en retirada. La sociedad se vuelve hacia el Estado, como mecanismo protector, exigiendo seguridad y certidumbre. Cobra nueva importancia la política como marco desde el que la gente confía en que se aborden los problemas socioeconómicos. Es una oportunidad para vincular a la ciudadanía con los asuntos públicos desde un ‘nuevo trato’ o contrato social. Pero esa nueva expectativa corre el riesgo de verse defraudada, lo que conllevaría un deterioro grave de la credibilidad socialista. El peligro aparece en los dos frentes: una desafección popular, y un refuerzo del bloque de apoyo a la derecha. Dada la dimensión de las necesidades sociales, de reactivación económica y la dependencia internacional, el margen de maniobra, a corto plazo, es escaso. Ello significa que los recursos económicos, productivos y fiscales necesitan un replanteamiento a fondo y una estrategia definida y prolongada. Los planes de rescate y de estímulo aprobados hasta ahora son insuficientes y de orientación ambivalente.

La tendencia dominante apunta hacia una mayor segmentación laboral y un deterioro del bienestar social. Frente a las ideas deterministas, la crisis y sus consecuencias pueden no desencadenar un desplazamiento social hacia la izquierda o una mayor movilización general de las clases trabajadoras. Tampoco es inevitable una reafirmación insolidaria, con gran fragmentación social y ascenso conservador o del electorado de la derecha. Las tendencias sociales pueden ser más mixtas y fragmentadas y, sobre todo, todavía están abiertas. El componente principal que puede decantar más unas dinámicas u otras, es el papel de mediación de las grandes instituciones y poderes, el Gobierno y los llamados agentes sociales, económicos y políticos. Su conexión con las necesidades sociales y su liderazgo representa una gran responsabilidad para la izquierda y, especialmente, para los sindicatos. Los caminos de esta encrucijada están abiertos, aunque el horizonte debería ser una sociedad más igualitaria e integrada y un Estado de Bienestar más avanzado, no menos.

Los sindicatos mayoritarios –CC.OO y UGT- han defendido una mayor protección social al desempleo, el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo de los salarios, y la oposición al abaratamiento de los despidos o a una mayor flexibilidad laboral. Exigen mayor seguridad del empleo y el cambio del modelo productivo, y apuestan por la continuidad del diálogo social. Existe un equilibrio relativo y débil de las fuerzas presentes -Administración Pública, organizaciones empresariales y sindicatos- para sustentar el mecanismo del diálogo social. Los acuerdos fundamentales –protección al desempleo, negociación colectiva- están cuestionados por la patronal, que entra en confrontación con los sindicatos y el propio Gobierno con la exigencia de su reforma laboral. Ante esas exigencias la reclamación del diálogo social supone una actitud defensiva por los sindicatos, como fórmula de veto a reformas duras y regresivas. Pero es difícil que sea un marco para conseguir las mejoras que permitan la cobertura de las nuevas necesidades sociales derivadas de la crisis del empleo y la incertidumbre económica. Existe riesgo de involución social. La encrucijada está abierta para diversos caminos. Las clases desfavorecidas tienen cosas que ganar y que perder. La activación sindical y de la izquierda social se hace imprescindible para contrarrestar las presiones de la derecha y organizaciones empresariales, y abrir un camino más seguro e igualitario.

Antonio Antón es profesor del Departamento de Sociología de la UAM y experto en temas laborales y sociales