El conflicto de Limpieza Viaria en Leganés lleva camino de enquistarse ante la negativa de la empresa URBASER, concesionaria de este servicio para algunos barrios de la ciudad, de atender las reivindicaciones de los 77 trabajadores que están pidiendo la equiparación de sus condiciones laborales con el convenio autonómico de Limpieza Viaria.

¿Y por qué no tienen las condiciones laborales de sus compañeros de la capital o de la Comunidad?. Simplemente porque en los contratos con las Administraciones Públicas en general y con el Ayuntamiento de Leganés, en particular, las grandes empresas constructoras de España –que han diversificado sus tentáculos a importantes sectores de servicios y al mantenimiento de edificios, entre otras-, cuando pujan por un contrato de servicio lo hacen a la baja, llegando, en algunos casos, a sorprendentes descuentos de hasta un 33% sobre lo que han valorado los técnicos municipales.

Dos vías utilizan estas empresas que contratan con el Ayuntamiento de Leganés o con cualquier administración para recuperar esa baja ofrecida para obtener el contrato. La primera. ¿Cómo recupera esa baja para adjudicarse el contrato?. Es decir, como recupera ese 33% de beneficios que ha dejado en su puja por el contrato. Utilizando, entre otros, los siguientes métodos: poniendo a disposición de sus trabajadores herramientas que no cumplen la normativa en materia de Seguridad y Salud, rotando a trabajadores de otros municipios, jornadas de 12 horas sin el cobro de éstas, incumpliendo el contrato laboral firmado con sus trabajadores, utilizando materiales y herramientas que no reúnen las especificaciones que han estipulado los técnicos municipales, incumpliendo el articulado del pliego de condiciones firmado con el Ayuntamiento, demorando las mejoras que han puesto encima de la mesa en su oferta y en algunos casos no cumpliéndolas, incumpliendo el contrato de puesta a disposición de cuantos técnicos o personal cualificado se requiere en el pliego de condiciones y mediante el cual se han comprometido, rebajando la cualificación profesional de dicho personal técnico, incumpliendo las horas de permanencia que deben estar a disposición de los servicios municipales, utilizando medios técnicos o maquinaria inadecuada, etc. La segunda. Con estas condiciones económicas ofertadas está abierta la desregulación laboral de las condiciones de trabajo de los futuros trabajadores que se tienen que contratar, entre ellas no aplicando el convenio colectivo regional, con el consiguiente salario de “submileurista” –como es el caso de los trabajadores de URBASER en Leganés- y con unas condiciones laborales muy precarias. A ello se une las presiones y amenazas tras los intentos de organizar y celebrar elecciones sindicales para crear un Comité de Empresa.

En el otro lado de la balanza esta una empresa que, según denunciaba CCOO de la Comarca Sur en febrero del pasado año, tiene unos beneficios suculentos, a pesar de sus manifestaciones de que no tienen margen económico para hacer frente a las reivindicaciones de sus trabajadores. Pero lo que hay de trasfondo es que la empresa no está obteniendo los beneficios que había previsto en un principio y no quiere hacer frente a las peticiones sindicales.

La posición del CCOO y UGT del Ayuntamiento de Leganés es totalmente acertada cuando manifiestan que con la privatización de los servicios públicos se está deteriorando la calidad de éste y el trasvase de ingentes cantidades de euros a manos privadas, que podían ser utilizados en la contratación de trabajadores municipales para desempeñar ese cometido.

Hoy día es utópico revertir esta situación si por parte del Consistorio no hay voluntad política –y no la hay- de hacer frente al deterioro de los servicios públicos. Porque no es verdad que lo privado funciona mejor y a los hechos me remito. Lo único que ocurre es que se trasfiere dinero público a manos privadas estando por medio un contrato de prestación de servicios. Y en ese ir y venir se quedan en unas pocas manos los beneficios obtenidos –una parte muy importante de euros- que tenían que haber recaído en aumentar los salarios y las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores.

Pero ante la situación actual en la que se encuentran los servicios, el Ayuntamiento debería obligar a firmar un Código Ético a todas las empresas que tienen un contrato de prestación de servicios con el Consistorio. Con ello se evitarían prácticas antisindicales e incumplimientos de las condiciones laborales marcadas por el convenio de empresa, autonómico, interprovincial o estatal.

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