Para cumplir la Ley de Memoria Histórica hay que efectuar un estudio de la repercusión económica para las arcas municipales.

Las manifestaciones celebradas este fin de semana en Madrid y varias capitales de provincia han venido a demostrar que la sociedad española no está dormida ante los hechos tan deleznables propiciados por algunos miembros del Tribunal Supremo intentando enjuiciar al único juez que quiso hacer frente, después de 35 años, a la herida que la sociedad española tiene con los fusilados durante la dictadura del general Franco. Todas las sociedades que durante el siglo XX tuvieron como forma de gobierno una dictadura militar, sobre todo en el continente sudamericano, saldaron sus deudas a los pocos años de acabar dichos regimenes militares.

Pero en España la derecha más reaccionaria ha impedido que cientos de miles de familias desentierren a sus muertos para cumplir con el rito que las familias franquista realizaron una vez concluida la contienda civil. No existe ningún ánimo de revancha, ni frente populismo, ni guerracivilismo. Simplemente las familias de los republicanos quieren encontrar a sus familiares sin pretender sentar en el banquillo de los acusados a ningún dirigente franquista o falangista.

Al calor de estas manifestaciones de la sociedad civil que pide justicia es de recibo que en Leganés desaparezcan los vestigios de la guerra civil de nuestras calles y los símbolos de cientos de bloques de viviendas que hacen referencia a un pasado negro y oscuro de nuestra historia y, de este modo, cumplir la Ley de Memoria Histórica.

Pero parece ser que nuestros dos primeros espadas supeditan el cumplimiento de esta Ley a espurios intereses económicos, es decir que primero deben estudiar lo que supone de desembolso económico para las arcas municipales y, en función de ello, decidir si aplican la Ley de Memoria Histórica. Es un sin sentido de los muchos que promueve este Equipo de Gobierno a lo largo de los meses que llevan al frente del municipio. ¿Cómo se puede plantear esta tesis rocambolesca y fuera de lugar?. Es como si para cumplir las leyes que emanan del Parlamento las instituciones afectadas tuvieran que realizar previamente un estudio económico de las repercusiones dinerarias que les va a suponer esa nueva Ley. Por esa regla de tres el siguiente paso es emular a la derecha madrileña que se rebela y no cumple las leyes que emanan del Parlamento elegido por todos los españoles. Un sin sentido y una insensatez más a la que nos tienen acostumbrados PSOE-IU.