Según José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, la probabilidad de que el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, dictado por el Gobierno de la derecha extrema afecte a las familias hipotecadas es nula, a pesar del “bombo y platillo” que los pinochos de la derecha han lanzado a los cuatro vientos. El Real Decreto Ley para evitar los desahucios es papel mojado y otra de las muchas medias verdades a la que nos tienen acostumbrados los políticos del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy

Tal y como había adelantado el Gobierno, la normativa afecta a las familias con todos sus miembros en paro si pagan por la hipoteca más del 60% de sus ingresos y si no tienen una segunda vivienda. Pero el texto definitivo es aún más restrictivo.

Si a un hipotecado le ha avalado su padre, hermano o amigo de la infancia, no se podrá beneficiar de las medidas frente al desahucio a no ser que el padre, hermano o amigo de la infancia tenga a todos los miembros de la familia en paro, no tenga bienes suficientes para hacer frente a la deuda y sus ingresos, conjuntamente con los del propio hipotecado, no superen el 60% de la letra de la hipoteca. Además el decreto exige que no haya avalistas. Esto es muy extraño en España pero si los hay para que se puedan acoger a la protección del decreto deberían estar también en situación de exclusión.

Fórmula Rajoy para los impagos: ‘regala’ 4.000 millones a la Banca, y todos nos endeudamos en 25.000 millones más
El tantas veces anunciado plan para que los ayuntamientos (y las comunidades autónomas) paguen sus facturas pendientes a los proveedores se saldará finalmente con más deuda pública y el pago de los intereses correspondientes por parte de todos los españoles a través de los presupuestos locales, autonómicos y del Estado. La banca se embolsará con la operación 6.000 millones de euros, de los que ganará 4.000 millones.

El mecanismo inventado tiene algunas complicaciones importantes, pero básicamente consiste en que los bancos adelantan el dinero durante cinco años, por los que cobran sus intereses, y después el Estado se hace cargo del préstamo por otros cinco años más. La banca ingresará más de mil millones de media por cada año de los cinco que le corresponden y el Estado tendrá que emitir deuda pública por unos 25.000 millones en 2017. Todo este entramado financiero no tiene el más mínimo riesgo para la banca.